Por Pía Greene
La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (2021) mostró un récord histórico de percepción de temor en el país, alcanzando un 86,9%. Las mujeres, a pesar de haber sido victimizadas en un promedio similar a los hombres, su temor declarado fue mayor, llegando al 89,9%. Así y todo, la encuesta no considera los delitos y abusos sexuales ni la violencia intrafamiliar, los que suman 89,4%, y 79,5% de víctimas mujeres respectivamente.
Las mujeres, a pesar de haber sido victimizadas en un promedio similar a los hombres, su temor declarado fue mayor, llegando al 89,9%. Así y todo, la encuesta no considera los delitos y abusos sexuales ni la violencia intrafamiliar.
El mayor temor que sufren las mujeres es real.
De acuerdo con la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios 2020, un 41,4% de las mujeres entre 15 y 65 años declaró haber sido víctima de violencia intrafamiliar alguna vez en la vida, y 21, 7% en los últimos 12 meses. Eso significa que una de cinco mujeres fue víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica o sexual, durante el último año. Asimismo, el 46,7% declaró haber sido víctima de violencia en el espacio público. Más grave aún, menos del 30% de los casos fue denunciado.
Si bien estamos conscientes de esta realidad, las políticas públicas no demuestran un especial enfoque para abordarlo. Un primer paso fue profundizar el conocimiento sobre esta situación, agregando un enfoque de género a la información, pero esto debe traducirse en programas que sean capaces de prevenir de mejor manera el delito y la violencia. Para esto, es fundamental conocer las preocupaciones y necesidades de quienes la viven. Es indispensable conocer las características particulares de las víctimas, los barrios donde viven, las situaciones que producen este temor. No sacamos nada con hacer políticas sin considerar la visión de las mujeres y su entorno, porque se presenta de forma diferente dependiendo del contexto y el lugar. Hay regiones como Tarapacá, Ñuble o Los Lagos, donde las mujeres presentan un mucho mayor índice de victimización que los hombres.
Es indispensable conocer las características particulares de las víctimas, los barrios donde viven, las situaciones que producen este temor. No sacamos nada con hacer políticas sin considerar la visión de las mujeres y su entorno, porque se presenta de forma diferente dependiendo del contexto y el lugar.
El hecho que las mujeres sientan temor afecta profundamente a su calidad de vida, particularmente a las más vulnerables, quienes muchas veces tienen miedo de volver a sus casas cuando está oscuro y optan por no trabajar o estudiar para evitar ser víctima de un delito en el trayecto de regreso. Así, se deben atender la multiplicidad de factores que inciden en la percepción de seguridad de las personas, incluyendo los factores de riesgo situacionales del delito, lo que no sólo podrá disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos, sino también podría aumentar la percepción de seguridad de las mujeres, puesto que es en el espacio público donde mayor riesgo perciben. Políticas transversales que permitan que las mujeres puedan participar de actividades fuera del hogar sin la preocupación de que ellas o sus hijos puedan ser víctimas de un delito, como la instalación de salas cunas en los barrios o rutas seguras para el colegio, donde la comunidad organizada, con el apoyo de los municipios pueda participar también de la seguridad de los niños y, con eso, apoyar a las mamás que necesitan o quieren trabajar fuera de la casa, son urgentes para disminuir el temor que están sintiendo hoy.
Finalmente, es importante señalar que la mejor estrategia para disminuir la percepción de temor en la población ya sea hombres como mujeres, es ejecutar políticas de prevención del delito y la violencia que efectivamente disminuyan la comisión del delito. En este contexto, los esfuerzos realizados en nuestro país para implementar programas que la evidencia nacional e internacional ha demostrado que son efectivos, deben no sólo mantenerse, sino también extender su cobertura.
Pía Greene
Investigadora Centro para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado, Universidad San Sebastián.
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