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El derecho humano a vivir en libertad


Por Olaya García Huidobro



En el contexto de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, ha quedado al descubierto la realidad migratoria de personas extranjeras hoy nacionalizadas chilenas, como la de deportistas de la delegación cubana que han decidido no retornar a su país.


Estamos claros entonces que la permanencia en Chile y la solicitud de refugio realizada, va mucho más allá de las consideraciones turísticas, que alguna autoridad planteó en un momento. Se trata de violaciones de derechos humanos.

Estas historias de sufrimiento dan cuenta de vulneraciones de derechos humanos y por esto, son experiencias que debemos tener en consideración a la hora de pensar y planificar en como llevamos adelante nuestras políticas públicas migratorias. Lo anterior, no tan sólo resulta aplicable a lo de la solicitud de refugio que han interpuesto, sino a la situación en que han estado en nuestro país: un permanente control y monitoreo de sus autoridades. Se ha vulnerado la libertad de estas personas incluso más allá de sus fronteras, retirando sus pasaportes, restringiéndoles el desplazamiento, además de la amenaza de la sanción penal que les afecta en su país por el delito de deserción.


La calidad de refugiado le otorga a una persona la protección de un Estado cuando el de su nacionalidad o ciudadanía en este caso, le ha negado dicha protección.

Estamos claros entonces que la permanencia en Chile y la solicitud de refugio realizada, va mucho más allá de las consideraciones turísticas, que alguna autoridad planteó en un momento. Se trata de violaciones de derechos humanos. El derecho básico de toda persona que busca vivir en libertad en un sentido amplio (personal y ambulatoria), la seguridad individual y su dignidad, entre otros derechos que podríamos analizar.


La calidad de refugiado le otorga a una persona la protección de un Estado cuando el de su nacionalidad o ciudadanía en este caso, le ha negado dicha protección. Estableciendo mediante el derecho Internacional, una obligación internacional de protección para el Estado chileno. Un deber que debe ejercerse más allá de las tensiones políticas que pueda causar en las relaciones internas o con otros Estados.



Olaya García Huidobro.

Abogada, Master en Derechos Humanos.

Profesora de Derecho.

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