Por Paulina Lobos
La seguridad es hoy por hoy el tema más comentado en los medios de comunicación. Hemos visto cómo las campañas a consejeros constitucionales han volcado sus ejes hacia la seguridad y la necesidad del combate a la delincuencia.
Y surgen por una parte voces de crítica que descartan el rol de los consejeros en materia de políticas públicas en seguridad, e indican que no es la Constitución el instrumento adecuado para avanzar en materias relativas a la seguridad. Nos preguntamos entonces: si la principal preocupación de los chilenos y chilenas no es materia de regulación de la Constitución, entonces ¿qué materias tienen la relevancia necesaria para ser considerados dentro de dicho articulado? ¿O es que acaso la regulación de las policías y fuerzas armadas, no es una materia propia de la seguridad?
Después que superamos esa infructífera discusión y llegamos al consenso sobre la necesidad que los principios, instituciones y facultades estén consagradas en la Constitución, surge la discusión que realmente importa, la postura tenemos sobre la delincuencia. Ello requiere sincerar las posiciones de uno y otro lado.
Hoy nuestros gobernantes se suman a la lucha contra la violencia, ya que -y en buena hora- abandonaron los discursos de odio y justificación de la violencia como un mecanismo válido de lo que denominan la lucha social. Y se agradece, pero no son suficientes las condenas mediáticas.
Claro que es importante que la Alcaldesa Hassler ahora condene y pida justicia por rayados de un profesor llamando a matar carabineros, pero de qué sirven las palabras de condena, si las acciones del Ejecutivo nos muestran que subsiste en ellos la concepción de compasión con el delincuente violentista y la justificación de su violencia en el fracaso del Estado en la lucha por generar igualdad de oportunidades. Es esta concepción doctrinaria de la delincuencia la que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Porque por cierto que el Estado debe propender a la igualdad de oportunidades, pero ello no limita en ningún sentido su capacidad y obligación de represión y control de la violencia.
"El Ejecutivo insiste en dar cabida a esa visión compasiva del delincuente violentista en donde encuentra espacio de protección y justificación legal"
Y es que vemos con sorpresa cómo en el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza (RUF) el Ejecutivo insiste en dar cabida a esa visión compasiva del delincuente violentista en donde encuentra espacio de protección y justificación legal. Así, el día de mañana y amparados en las etapas de uso de fuerza que consagra el proyecto, nos dirán que repeler bombas molotov con armamento letal es desproporcionado o irracional. Recordemos que no hace mucho, y en pleno estallido social, cuando a la cabo 2° María José Hernández le arrojaron una bomba molotov que le estalló en el rostro, no era siquiera posible pensar en el uso de armas letales en su defensa. Se consideraba desproporcionado.
Esperemos que en el debate constituyente se sinceren las posiciones y se abandonen posturas de falsa ingenuidad como las de aquellos que defienden el proyecto de RUF.
Paulina Lobos
Abogada y docente universitaria
Las Mentoras
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