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LOS TIEMPOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Por Paula Bagioli Coloma


En Chile, como en muchos otros países, tenemos un serio problema con las demoras en las respuestas de los organismos públicos cuando las personas hacen solicitudes o reclamaciones. Los procedimientos burocráticos y la toma de decisiones finales pueden llevar mucho tiempo, incluso años, y se ha comenzado a generar la idea que vivimos en una constante “permisología”: para todo se requiere permiso, trámites y demoras. Las demoras en las respuestas de los órganos del Estado son un problema porque afecta los derechos de las personas, dejándonos con una falta de certeza sobre la situación en que nos encontramos, y cuándo conoceremos una respuesta.


En teoría, no debiésemos vivir bajo el compás de espera de plazos excesivos. De hecho, la actual Ley N° 19.880, que establece cómo deben realizarse los procedimientos administrativos, intentó resolver este problema hace veinte años, estableciendo un plazo de seis meses para que los organismos públicos tramiten el procedimiento administrativo y adopten una decisión final, y además, creando la figura del "silencio administrativo" - un mecanismo de respuesta presunta - como garantías para proteger a las personas si un ente público no se pronuncia.


Ley N° 19.880, que establece cómo deben realizarse los procedimientos administrativos, intentó resolver este problema hace veinte años, estableciendo un plazo de seis meses para que los organismos públicos tramiten el procedimiento administrativo y adopten una decisión final.

Sin embargo, a pesar de la letra de nuestra legislación, los tribunales de justicia y la propia Contraloría parecen ver el problema de una forma distinta, porque cuando han debido resolver si los órganos del Estado están incumpliendo con los plazos que establece la ley, han argumentado reiteradamente que los plazos no son fatales para la Administración del Estado.


Sin embargo, la complacencia y falta de condena por parte de nuestros tribunales de justicia y la propia Contraloría ante el actuar demoroso de los órganos públicos colabora para que esta conducta tan indeseable para sociedad se siga repitiendo.

Ciertamente pueden existir distintas razones para las demoras, como que los órganos públicos tienden a producir el fenómeno de la burocracia intensificada por el estilo, o la sobrecarga de trabajo de sus funcionarios que hace todo muy lento. Sin embargo, la complacencia y falta de condena por parte de nuestros tribunales de justicia y la propia Contraloría ante el actuar demoroso de los órganos públicos colabora para que esta conducta tan indeseable para sociedad se siga repitiendo. Ante este escenario, continuaremos viviendo en un país donde pareciera que pedir rapidez y eficiencia para recibir respuesta por parte de los órganos del Estado, es más pedir un favor que realmente exigir un derecho.


Paula Bagioli Coloma

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