Por Montserrat Vargas L.
Los gobiernos, sin importar su orientación política, comparten una responsabilidad fundamental: cumplir con las promesas hechas a sus ciudadanos. Para lograrlo, utilizan una herramienta esencial en su arsenal: los programas públicos. Estos programas son acciones e iniciativas destinadas a abordar problemas públicos específicos y se implementan a través de instituciones tanto públicas como privadas, financiadas en su totalidad por el presupuesto de la república, compuesto en su mayoría por la recaudación tributaria.
Un 87,5% de los programas evaluados el 2022 bajo a la línea de EPG (Evaluación de Programas Gubernamentales), que corresponde a una evaluación ex post, fueron mal evaluados. Esta situación se repite en la mayoría de los casos y a lo largo de los años. En cuanto a los programas evaluados ex ante, un 44% no cumple con las condiciones para su correcto funcionamiento. En el monitoreo de los programas, la situación no es mucho mejor, ya que el 51% de los programas presentan deficiencias en los criterios evaluados.
Con la llegada de nuevos gobiernos al poder año tras año, la oferta de programas públicos crece constantemente. En la actualidad, Chile cuenta con 715 programas sociales, 212 más que en 2019. La única excepción a este crecimiento se dio en 2022, cuando se eliminaron algunos programas implementados durante la pandemia. Sin embargo, es preocupante que la mayoría de estos programas no reciba buenas evaluaciones. Para ilustrar esto, de los ocho programas evaluados bajo la línea EPG, que corresponde a una evaluación ex post, solo uno obtuvo un buen desempeño. Los siete restantes tuvieron un desempeño medio o incluso bajo. Esta situación se repite en la mayoría de las líneas de evaluación y a lo largo de los años. En cuanto a los programas evaluados ex ante, un 44% no cumple con las condiciones para su correcto funcionamiento. En el monitoreo de los programas, la situación no es mucho mejor, ya que el 51% de los programas presentan deficiencias en los criterios evaluados.
Estos números, sumados al hecho de que los programas públicos son el principal medio a través del cual los gobiernos ofrecen soluciones a los problemas públicos, y considerando que Chile es una sociedad mayoritariamente de clase media con un creciente aumento de las demandas sociales, constituyen un fenómeno que merece ser objeto de atención y debate público: la necesidad de utilizar los resultados de las evaluaciones para mejorar las respuestas que el Estado está entregando.
Chile ha construido un sistema sólido de monitoreo y evaluación de programas públicos durante muchos años. Sin embargo, persiste una grave deficiencia: la falta de utilización de la información generada por estas evaluaciones. A pesar de contar con diversos tipos de evaluaciones (ex ante, ex dure y ex post) que analizan la focalización, eficacia y eficiencia de los programas, esta información a menudo no se emplea para mejorar los programas con resultados deficientes.
La evaluación no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para la mejora constante de la administración pública. Es una herramienta de gestión que requiere utilidad y propuestas de mejora concretas.
Los políticos a menudo prefieren basar sus decisiones en las prioridades políticas y los compromisos del gobierno, incluso cuando las evaluaciones señalan deficiencias en los programas. Además, los conflictos de interés en la oposición pueden distorsionar aún más el proceso.
Entonces, ¿por qué no se utiliza esta información? La respuesta es desalentadora, y es que el uso de esta información no favorece a nadie más que a los ciudadanos. No es conveniente para los políticos, ni para el oficialismo, ni para la oposición. Los políticos a menudo prefieren basar sus decisiones en las prioridades políticas y los compromisos del gobierno, incluso cuando las evaluaciones señalan deficiencias en los programas. Además, los conflictos de interés en la oposición pueden distorsionar aún más el proceso.
Parece imposible cambiar esta situación, ya que dependemos de la voluntad de los políticos para llegar a un consenso sobre la importancia de utilizar esta información para mejorar las soluciones y utilizar de manera eficiente los recursos de los chilenos. Hacer más eficientes el gasto no significa necesariamente eliminar programas, pero si tenemos 25 programas que abordan el mismo problema y además obtienen malos resultados en las evaluaciones, ¿no habrá un problema con el diseño y el cumplimiento del propósito de esos programas que debe ser atendido?
Esta es una pregunta crucial que merece atención y reflexión. La proliferación de programas que abordan el mismo problema no solo diluye recursos y esfuerzos, sino que también dificulta la evaluación y el seguimiento de su efectividad. Es imperativo que el Estado no solo se preocupe por implementar programas, sino también por garantizar que estos cumplan sus objetivos de manera eficaz y eficiente.
La ciudadanía tiene un papel fundamental en el proceso de cambio. Los políticos son responsables ante sus votantes, y si la ciudadanía exige de manera unánime que se utilice de manera eficiente el dinero público y que se tome acción con respecto a los programas mal evaluados, los representantes deberán responder a esta demanda.
La gestión eficiente de los recursos públicos no es solo una cuestión de ahorro, sino una necesidad imperiosa para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. La evidencia demuestra que la acción del Estado puede tener un impacto significativo en la disminución de la desigualdad, pero para lograrlo, es esencial que se utilicen los recursos de manera efectiva. ¿Para qué evaluamos si no es para mejorar? La evaluación de los programas públicos no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con la sociedad. Debemos seguir impulsando este tema en la agenda pública y exigir a nuestros representantes que utilicen de manera sistemática la información que se desprende de los procesos de evaluación.
Montserrat Vargas L.
Cientista Política, Coordinadora territorial Fundación Pacto Social.
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